Este informe incluye el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo respecto de las causas, tendencias y repercusiones de los conflictos socioambientales que vienen ocurriendo en diversas zonas del país, sus impactos en el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales de las poblaciones locales, comunidades campesinas y comunidades nativas impactadas por las actividades extractivas. Sobre esta base, emite recomendaciones al Estado y sugerencias a las empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de construir un marco de actuación que ayude a prevenir los conflictos sociales generados en torno a la realización de las actividades extractivas en el Perú.